11-06-2024
Marita Pedernera, Secretaria de Género y Diversidad ATE Río IV
Este gobierno -potenciado en su militancia de trolls- gatilla la duda permanente sobre nuestros derechos básicos alcanzados. El actual contexto de resurgimiento de ideas de corte fascista que expresan odio explícito hacia mujeres y minorías nos ha puesto en alerta. Como mujeres trabajadoras sindicalizadas nos organizamos para que nuestra propia organización se despatriarcalice, por eso destacamos metas alcanzadas por nuestro poder organizativo a la vez que denunciamos el desguace de derechos conquistados en la calle, con años de lucha ininterrumpida.
Involución
Es preciso denunciar que estamos nuevamente en alerta ante el retroceso de derechos que ponen en riego la democracia y la soberanía. Siendo pueblo con un gobierno que vulnera los derechos de las diversidades y las leyes que tanto costaron conseguir. Este gobierno parece estar en guerra con su pueblo y nos elige como sujeto político para bastardear y demostrar el componente misógino del poder ejecutivo.
Sobre los despidos en Río Cuarto, Córdoba, el ajuste fascista libertario afecta en su mayoría a las mujeres. Quienes habíamos logrado cierta independencia económica. En algunos casos, hasta sosteniendo hogares monoparentales, esta fue una condición fundamental para tomar decisiones libres ante la violencia machista y doméstica, entre otras. Vemos que esto constituye una evidente pérdida de derechos.
Ataque al derecho laboral de personas trans Siguiendo entre sujetos de derecho, otro retroceso son los despidos de personas trans que ejercían funciones estatales en lugares de trabajo dispuestos legalmente a través de la Ley de Identidad de Género. Años de lucha nos llevaron para conseguir una Ley que proteja los derechos de colectivo de minorías. Se trata de un sector de la población que apenas celebra 12 años de democracia con la promulgación de dicha Ley, para quienes no son 40 años de democracia. Hoy es una cruel realidad que nos toca asumir como sindicato ante la perversidad de este gobierno que apunta a este colectivo de trabajadoras, expulsándolas nuevamente a la prostitución, entre otras salidas pocos dignas. Damos testimonio de una realidad que actualmente vivimos en PAMI Río Cuarto, donde seguimos en lucha por la reincorporación de este puesto de trabajo obtenido por la Ley.
Las personas con discapacidad no somos casta
Sobre discapacidad, se suman atentados contra la Ley que otorga plenos derechos a este colectivo de personas. Advertimos cómo este gobierno tras liberar la economía deja sin prestaciones de salud, sin garantizar medicamentos, sin apoyos educativos y de rehabilitación, entre otros andamios absolutamente necesarios para una vida en sociedad.
El ajuste del gobierno en discapacidad tienen nombre. Diego Spagnuolo, quien es Director de la Agencia Nacional de Discapacidad, también responsable de los 160 despidos de trabajadores en este organismo, además es el autor (o firmante) del Decreto que pretende descentralizar el nomenclador que establece, hace 25 años, los mismos aranceles por prestación en discapacidad. Desregularlo permitiría fijar los valores de manera independiente y no vinculante entre los prestadores.
Con el Nomenclador mercantilizado -porque desregular es un término maquillado para vender el ajuste- lo que sabemos es que va a generar ciudadanos de primera y de segunda, en un colectivo ya de por sí vulnerado.
Disolver eso es dejar que cada obra social pague lo que quiera, así vamos a terminar sufriendo una desigualdad absoluta. Donde aquellos que tengan obras sociales que paguen más van a poder acceder a las prestaciones, y quienes tengan obras sociales que decidan recortar su presupuesto en prestaciones no van a poder acceder.
Si este decreto entra en vigencia va a permitir que los financiadores de la Superintendencia, Pami e Incluir Salud, fijen sus propios aranceles en lugar de que estos sean acordados en el Directorio de Prestaciones Básicas.
¿Por qué decimos que es más desigualdad? Porque va en contra de la universalidad de la atención de calidad. Es un medida contraria al principio de progresividad establecido en el art. 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sería un política pública regresiva para la garantía de derechos de las personas con discapacidad. Y llevaría a los prestadores a brindar servicios al que mejor pague.
Hoy se encuentra en estado de alerta todo el colectivo de discapacidad: las personas, familias, trabajadores, trabajadoras y organizaciones, que llevan años reclamando mejoras en todo lo que tiene que ver con su acceso a derechos. Este decreto no hace otra cosa que aumentar aún más las desigualdades entre las personas con discapacidad.
Brechas de género a punto de hervor Es relevante destacar también algunos avances históricos obtenidos como fuerza trabajadora sindicalizada. Ante todo destacamos la reforma del estatuto de ATE, logrando la Paridad de Género: se estableció la paridad del 50% en todos los cargos directivos y la alternancia entre hombre y mujer. Ya estamos transitando ese camino, siendo postuladas, elegidas y conduciendo la actividad sindical.
Desde hace mucho tiempo venimos trabajando y poniendo en común la división sexual de trabajo y las brechas de género que muestran las desigualdades en el mundo del trabajo. Si bien aún faltan muchos caminos por recorrer, dentro del sindicalismo vamos aportando nuestra perspectiva feminista.
Propusimos nuevas formas de gremialidad y creamos herramientas para abordar formas de violencia. En ese sentido hemos elaborado con argumentos sólidos y ha sido activado el protocolo preventivo de las violencias en la CTA Autónoma, organización que nuclea a trabajadoras sindicalizadas, también tiene afiliadas con trabajos precarios y sin ellos. Estuvimos a la altura de las circunstancias cuando hubo que expulsar a compañeros violentos. Estas son nuestras herramientas de lucha y no renunciaremos a nuestras conquistas.
Otra meta alcanzada recientemente ha sido un fallo de la justicia de Río Cuarto que obligó a integrantes de nuestro propio sindicato a capacitarse en perspectiva de género y a cesar conductas violentas en general. Se trata de una novedad jurídica a nivel provincial y podría sentar precedente a futuro para desterrar patrones de discriminación. Esto no sucedió por obra milagrosa, significó tiempo dedicado al trabajo de búsqueda de argumentaciones, integrando nuestra potencia sindical a equipos de trabajo jurídicos que lo requirieron. Cabe destacar que esta acción militante se hizo sin desatender los cuidados y atención a nuestros hijos e hijas, una responsabilidad maternal que seguimos gestionando como podemos.
Clase trabajadora: más chispas que la despabilen
Como clase trabajadora nos enfrentamos a un proceso de empobrecimiento generalizado. Si bien, la pérdida salarial no es sólo de los últimos meses (el promedio salarial cae sistemáticamente desde hace casi una década), desde diciembre del 2023 comenzó a experimentarse una pérdida brutal. La población se encuentra frente a una caída salarial de proporciones inéditas, solo comparable con el piso de abril de 2003.
El modo en que afectan al salario las medidas de ajuste del gobierno nacional, expone que el costo de vida actual es imposible de alcanzar con tal caída salarial y más difícil lo es aún para las mujeres cuando creíamos haber dado pasos firmes vemos que no es así. Arduo para personas con discapacidad, quienes viven de empujar obstáculos, ven que nada frena al huracán libertario destructor de toda política pública que lo alcanzaba. Complejo para personas LGBTIQNB+ quienes se encuentran nuevamente en una situación de falta de acceso a los derechos básicos que legítimamente aspiran.
Las causas que perseguimos hoy deberían arrimarnos más para hacer carne reclamos cada vez más transversales. Es imperioso trascender de la vorágine pasiva de las redes virtuales y alimentar lo colectivo para restar fuerza a un opresor que descansa en la complicidad de los propios oprimidos. Volvamos a cuestionar esta situación que prevalece incluso entre las propias mujeres que aún teniendo los conocimientos sobre machismo, misoginia o sobre violencia de género siguen sin cuestionar el rol de las mujeres.
“No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda la vida”. Simone de Beauvoir
Marco normativo de referencia: Ley 26485 (2009) Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Ley 26364 (2008) Ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
Ley 26743 (2012) Ley que establece el derecho a la identidad de género.
Ley 27636 (2021) Ley de promoción al acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins”
Ley 26.378 (2008). La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad asegura el derecho a participar sin discriminación en toda la vida de la sociedad. La Convención tiene jerarquía constitucional por ley 27.044 (2019)
Ley 22.431 (1981) Ley de cupos para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, facilitar su inclusión y la igualdad de oportunidades. Es obligación del estado asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar.
